Presidente de Chile envía a Congreso proyecto de ley para aumentar impuestos
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó el lunes un proyecto de ley de ajuste tributario que pretende recaudar entre 700 y 1.000 millones de dólares para financiar nuevas medidas en educación, y llamó a la oposición a aprobarlo en el Congreso, donde el gobierno carece de mayoría en el Senado.
"Cumpliendo nuestro compromiso, vamos a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que incorpora una profunda, seria y responsable reforma tributaria (...) destinada íntegramente a financiar en forma seria y responsable la reforma educacional", dijo Piñera tras la firma en La Moneda. El mandatario consideró "absolutamente necesarios" los cambios en educación y en el sistema tributario y auguró que "la calidad y equidad de la educación van a ser la diferencia entre los países que tengan éxito en derrotar la pobreza y aquellos que se quedarán atrapados en el subdesarrollo".
Chile es una República que se rige bajo un gobierno de corte democrático y se caracteriza por la clara delimitación e independencia de los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo es liderado por el Presidente de la República , quien además detenta el cargo de Jefe del Estado.
En este sentido, el presidente de Chile tiene como facultades constitucionales, entre otras:
“Artículo 32. Son atribuciones especiales del Presidente de la República :
1º Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución , sancionarlas y promulgarlas;
…”
De esta forma, vemos que el presidente tiene la facultad constitucional de iniciar leyes, por lo que la reforma tributaria propuesta es jurídica, que cumple con la finalidad de reformar algunos aspectos en el rubro de la educación, que tal y como lo menciona el presidente de Chile, la educación es sumamente importante para que un país avance y progrese en todos los sentidos.
El Congreso pretende estudiar y avalar la propuesta de reforma del presidente pues v en ella un gran avance que beneficiará a la población de su país. Con ello, observamos que los poderes de los Estados deben en todo tiempo favorecer al ciudadano en primer lugar, con el ejercicio de las facultades que los ordenamientos jurídicos que los rigen, les otorgan.